En febrero de 2003 Nicaragua vivió pendiente de la trágica experiencia de Rosa, una niña de 9 años que, emigrada con su familia a Costa Rica, fue violada y quedó embarazada. Su historia produjo una fuerte repercusión social desde el momento en que las instituciones de Costa Rica organizaron una campaña empeñada en que siguiera con un embarazo no deseado que ponía en peligro la propia vida de Rosa, desautorizando la propia ley costarricense, permisiva con el aborto siempre que la salud de la madre se encuentre en peligro.